Es una propuesta aprobada “por sorpresa”, en periodo “estival” y de forma “precipitada” y “opaca”. Esas son las razones por las que la asociación judicial minoritaria y progresista Jueces para la Democracia se opone a la reforma constitucional para limitar el déficit propuesta por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y pactada con el PP.

La asociación ha hecho público un comunicado esta mañana en la que admite que PSOE y PP “ostentan la legitimidad democrática” para sacar adelante esa modificación, pero aseguran que la urgencia con la que se ha pactado impide a los ciudadanos conocer “los motivos concretos” que la imponen, el texto completo de la propuesta “para su análisis” y las opciones alternativas que se pudieran presentar.

Los jueces progresistas recuerdan que “ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mimas el voto disciplinado a ciegas de las opciones”. “Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras”, asegura la nota.

Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado (…) se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras

Después, la asociación plantea su posición política. Afirma que “la democracia debe reconquistar la economía” y que “la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas”. “Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los mercados exigen reformas que la población no puede discutir”, señala el comunicado.

La reforma constitucional, según Jueces para la Democracia, “no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia”. La asociación insiste en que, con la modificación de la norma fundamental, “se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego” para contentar “exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias a ciegas e injustificadas”.

Por eso, la asociación judicial progresista, considera que la reforma banaliza “el valor y significado de la Constitución” y que se juegue con ella “a espaldas de la ciudadanía” para “imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica” que contente “los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos mercados”

LA VISIÓN DE LOS JUECES PROGRESISTAS, ÍNTEGRA

Ésta es la nota íntegra enviada este lunes por Jueces para la Democracia en la que toman posición sobre la futura reforma constitucional pactada por PP y PSOE para establecer la limitación presupuestaria por mandarto de la Carta Magna. Es un texto elaborado por hombres y mujeres del derecho e invita a la reflexión, más allá de ideologías.

“Ante el anuncio de la reforma de la Constitución que se ha producido sorpresivamente en estos días, JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere manifestar públicamente su rechazo a la precipitada alteración de nuestra norma básica de convivencia.

Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas. Por ello, es fundamental que sean producto del consenso ciudadano. Su función no es sólo regular aspectos concretos de la organización política o económica, sino fundamentar esa propia organización, ser la fuente y el límite de futuras decisiones. Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales de representación democrática, pero no pueden pretender suplantar la totalidad de la participación social. Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales, son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Los debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente.

Se ha propuesto una reforma por sorpresa, en período estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas sólo participadas por las cúpulas de dos partidos. Esos dos partidos ostentan legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos, pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron. Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado. Estas formas han impedido que conozcamos los motivos concretos de la reforma, el texto completo de la misma con tiempo para su análisis, y las opciones alternativas que se pudieran presentar. Ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones. El debate en las cámaras no tiene sólo la función de convencer a los grupos parlamentarios, permite que la totalidad de la sociedad contemple los argumentos que cada opción presenta. Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras.

La democracia debe reconquistar la economía, la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas. Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida. Tras entregar grandes recursos públicos en rescate de instituciones privadas, la desmemoria se ha instalado a sorprendente velocidad. Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los Mercados exigen reformas que la población no puede discutir, que requieren sacrificios que no pueden cuestionarse. Decidir qué hacemos con las políticas presupuestarias, fiscales o económicas en general, permite múltiples respuestas. Pero lo propuesto no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia. Se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego, no por explicar los motivos contrarios a ellas, sino para contentar exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias ciegas e injusticias bien visibles.

En consecuencia, JpD rechaza que se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica. Todo ello, con el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos Mercados”

FUENTE: http://www.nomassmedia.org