Según un reciente informe de UNICEF (52 páginas, PDF), más de 2.200.000 niños están ya por debajo del umbral de la pobreza en España. Sobre los recortes, señala:

El proceso de recortes del gasto público se ha ido produciendo con creciente intensidad desde el año 2010 y en distintas administraciones públicas de todo signo político. Las ayudas monetarias a las familias y la infancia desaparecen o se restringen. Cuando se acentuó la crisis económica en 2010, una de las primeras medidas de reducción del gasto público en España fue la eliminación de la única ayuda universal a las familias con hijos que existía en nuestro país: la prestación por nacimiento o adopción de hijo aprobada por la Ley 35/2007. Esta prestación, conocida como “los 2.500 euros” sólo estuvo en vigor tres años y medio y su supresión fue acompañada, en el mismo decreto, por la reducción de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años de 500 euros hasta 291.


La tendencia apuntada en la mayoría de las administraciones públicas ha confirmado cómo en el ámbito de las decisiones políticas se ha instalado la sensación de que este tipo de ayudas a la infancia son altamente prescindibles en tiempos de crisis.

Por ejemplo, en Cataluña se redujo en 2011 un 74,6% el presupuesto en ayudas a las familias con niños, en Extremadura la ayuda por nacimiento de 6.600 euros anuales durante el primer año de vida se redujo hasta 1.200 y en Cantabria la ayuda de 100 euros mensuales durante los tres primeros años (que se proporcionaba con un límite de renta de 42.000 euros) se condicionó a un límite de 18.000 euros por unidad familiar.

Como muestra, algunas Comunidades que habían sido pioneras en la gratuidad universal de los libros de texto mediante programas de préstamo y reutilización como Castilla-La Mancha o Galicia han suprimido estas ayudas y las han sustituido por sistemas de becas con mucho menos alcance. Madrid, por ejemplo, ha eliminado también las becas a los libros y cuadernos de ejercicios de los niños de educación infantil (de 3 a 6 años).

Y continúa con el deterioro de los servicios públicos:

En el contexto actual, los servicios dirigidos a niños y familias también se están viendo afectados por el panorama de crisis y austeridad. No sólo se trata de las ayudas directas a las familias, sino que también los servicios sanitarios, el sistema educativo y los servicios sociales se están viendo seriamente afectados. Las rebajas tanto en partidas de gasto corriente (incluidas las de personal) como en las de inversiones se han generalizado y probablemente se incrementarán en el futuro, lo que sin duda tendrá implicaciones en el alcance y la calidad de los servicios.

La inversión en educación de calidad constituye la mejor garantía para el crecimiento sostenible y equitativo de un país. Con una tasa de abandono escolar temprano que se sitúa por encima del 28%, España sigue teniendo un importante problema educativo que se debe abordar con carácter de urgencia. En este contexto, la propia Unión Europea ha advertido de que “los recortes en los presupuestos de educación amenazan con socavar el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad”. Ciertamente, el problema del fracaso y el abandono escolar no dependen en exclusiva de la inversión educativa, pero parece necesario garantizar unos recursos básicos y sostenibles que permitan avanzar en una enseñanza de calidad que reduzca estructuralmente esas tasas. La inversión en educación constituye, de hecho, la mejor garantía de crecimiento a largo plazo. En estos tiempos difíciles la visión a corto plazo a menudo se impone, pero es imprescindible alzar la mirada y considerar en este momento las repercusiones a medio y largo plazo de las decisiones que se tomen hoy.

También subraya que:

Lo niños y niñas no son ajenos a las emisiones de Deuda del Estado tipo de interés que se paga por ella. Mucha de esta deuda contraída con intereses (especialmente la deuda a más largo plazo) repercutirá como de una “hipoteca social” que los adultos vamos trasladando a nuestros propios hijos o nietos e incluso a generaciones posteriores. Pero tampoco inversores son ajenos a los niños, las inversiones a largo plazo tienen cuenta la evolución demográfica, educativa y social de un país, el nivel formación de sus jóvenes y su capacidad productiva e innovadora.

Un niño en España nace actualmente con una “deuda pública”28 de 15.570 euros, y la crisis está aumentando la carga financiera que los actuales tendrán que acarrear en el futuro; posiblemente sin haber de los mismos niveles de inversión en educación, salud y equidad anterior generación. Esto, junto con la notable reducción de la capacidad ahorro de los hogares y el altísimo paro juvenil, enfrenta a niños y adolescentes a un panorama muy poco esperanzador en este momento.

 

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